El artículo 4 de la Constitución vigente de México establece que el hombre y la mujer son iguales ante la ley; sin embargo, no basta reconocer esta igualdad jurídica, hay que hacerla posible, ése es el principio de la equidad. Es preciso establecer las condiciones para que las mujeres ejerzan sus derechos.

Hasta 1953 el Estado mexicano reconoció la ciudadanía de las mujeres: es mucho lo que nos falta por hacer para acabar con la discriminación y la desigualdad.

Hoy la población femenina en México está subrepresentada en los tres poderes y niveles de gobierno. No se cumple con el precepto constitucional que dispone que a trabajo igual corresponde el mismo salario. Tanto en los trabajos menos remunerados como en los niveles gerenciales, los salarios son inferiores para la mujer entre 13 y 33%. Los feminicidios de Ciudad Juárez y de otras ciudades del país, así como el hecho de que 47 de cada 100 mujeres sufran algún tipo de violencia, son una muestra palpable de la grave situación que enfrentan las mexicanas.

Por lo general, los términos “sexo” y “género”, así como “igualdad” y “equidad” se usan indistintamente, pero no son sinónimos. El sexo es el conjunto de atributos biológicos que diferencian a una mujer de un hombre. Así, por causas naturales, hay funciones que sólo puede desempeñar una mujer, como parir o amamantar. El género es el conjunto de atributos culturales (derechos, prohibiciones, responsabilidades, jerarquías, roles sociales) que les son asignados a una persona por haber nacido de sexo masculino o femenino.

Somos diferentes biológicamente, pero iguales ante la ley. La equidad hace posible la igualdad, para que las mujeres puedan ejercer sus derechos, se respete su dignidad como seres humanos y tengan las mismas oportunidades que los hombres.

La equidad es un concepto cultural -no natural- que debe manifestarse en la práctica cotidiana, en los ámbitos familiar, social, educativo, laboral, jurídico y político.