Desde 1824 un excepcional y reducido grupo de zacatecanas había solicitado su ciudadanía sin obtener respuesta. Casi un siglo después, la Revolución propició la participación política de las mujeres. Primero exigieron a Emilio Vázquez Gómez que se les otorgara el voto, después presentaron la misma demanda ante el gobierno provicional de Francisco León de la Barra y al constitucional de Francisco I. Madero. Hermila Galindo presentó igual petición en el congreso feminista de 1916 en Mérida y ante el Congreso Constituyente de Querétaro en 1917, sin lograr su objetivo.

La lucha de las mujeres por el sufragio prosiguió durante la segunda y tercera décadas del siglo xx. Surgieron muchas asociaciones: el Partido Feminista Revolucionario y el Bloque Nacional de Mujeres Revolucionarias llevaron a cabo tres congresos nacionales de obreras y campesinas, de los que surgió el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que reunió a 800 agrupaciones femeninas de todo el país, con cerca de 50 mil miembros, cuyo objetivo era obtener la ciudadanía y el derecho a votar.

Sólo Yucatán, San Luis Potosí y Chiapas concedieron a la mujer el derecho a votar y ser votadas en el nivel local de 1923 a 1925; con ello, varias mujeres se convirtieron en diputadas. Sin embargo, la experiencia duró en tanto permanecieron en el poder los gobernantes que las postularon.

Lázaro Cárdenas envió la iniciativa para reformar la Constitución, pero la discusión se llevó todo el sexenio y al llegar la sucesión presidencial la reforma no se realizó por considerarse que el voto de las mujeres favorecería al candidato de oposición.

Fue en 1947 cuando Miguel Alemán logró que se otorgara el voto a nivel municipal y Adolfo Ruiz Cortines en el nivel federal hasta 1953, después de que Naciones Unidas había recomendado hacerlo a los países que aún no daban la ciudadanía a las mujeres, como una condición indispensable para la democracia y el desarrollo del país.